A través de un comunicado, JpD sostuvo que la reforma legal que promueve Gallardón “pretende imponer las creencias propias de una confesión religiosa al conjunto de la sociedad”, en referencia a la religión católica.

Según esta asociación de jueces, se pretende “imponer la moralidad católica de los dirigentes del partido en el Gobierno al conjunto de la sociedad, moralidad que alcanza, incluso, a debatidas cuestiones médicas, tergiversando la doctrina jurídica consolidada en la materia de los derechos a debate”.

A juicio de JpD, “en un Estado aconfesional no resulta admisible extender determinadas creencias a toda la ciudadanía. Todavía es menos aceptable utilizar para ello el derecho penal como instrumento de coerción”.

MÁS DESIGUALDAD

Al mismo tiempo, estos magistrados destacaron la “contradicción” que supone “obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones físicas o psíquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la dependencia”. Además, apuntaron que “resulta poco comprensible la actuación de un Gobierno que recorta constantemente los presupuestos de protección social a la familia y al mismo tiempo criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo”.

Por último, JpD concluyó que las modificaciones del aborto que plantea Gallardón van “a agravar las desigualdades sociales”, puesto que “en un espacio europeo sin fronteras, las mujeres con más recursos económicos van a poder interrumpir el embarazo sin dificultades en los países vecinos”.

Sin embargo, estos jueces llamaron la atención sobre el hecho de que “quienes no dispongan de medios van a tener que abortar en nuestro país muy probablemente en situación de clandestinidad, con los graves riesgos que ello puede generar para su integridad física y psíquica”.