Se trata de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a la que están acogidos unos 20 millones de usuarios (domésticos y pymes). Esta tarifa se fijaba casi a partes iguales entre el resultado de la subasta Cesur (45%), que fue invalidada, y el coste de los peajes (55%) que determina el Gobierno.

El precio de la TUR ha quedado en manos del Ejecutivo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) declarara no válida la subasta del pasado 19 de diciembre que tenía que marcar el coste de la energía que debían abonar los usuarios de la TUR.

Para tomar su decisión, el Gobierno solicitó a la CNMC que hiciera una propuesta sobre el sistema que debía aplicar. El organismo regulador remitió dos propuestas que pasaban por sendos incrementos del 1,4 o del 2,9%.