El convenio es aplicable en procesos de nulidad del matrimonio, separación y divorcio; guarda y custodia de hijos menores; procesos de filiación, paternidad y maternidad; protección administrativa de menores; retorno de menores en supuestos de sustracción internacional; patria potestad; acogimiento de menores y adopción; nombramiento de tutores; y cualquier proceso de familia en el que los derechos del menor puedan resultar afectados.

El texto reconoce al niño derechos como ser informado y expresar su opinión en los procedimientos o a solicitar representante especial cuando los padres o tutores no tengan la facultad de representarle como consecuencia de conflicto de intereses.

España firmó dicho documento, que amplía la Convención de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, el 5 de diciembre de 1997. Está en vigor desde el mes de julio de 2000. Actualmente ha sido ya ratificado por 17 Estados.

Según el Ejecutivo, la ratificación del convenio complementaría las medidas legislativas que se tomaron a favor de los menores, como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.