El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que el anteproyecto aprobado este viernes por el Ejecutivo “recupera el equilibrio” que sobre el aborto había establecido el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

La modificación legal planteada por Justicia hace que el aborto desaparezca como voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas, como establecía la ley aprobada en 2010 a instancias del Gobierno de José Luis Zapatero.

Por el contrario, la reforma de Gallardón plantea que se podrá abortar, en primer lugar, si el embarazo es producto de una violación, lo que permitirá interrumpir la gestación en las 12 primeras semanas. También se podrá interrumpir el embarazo si hay un "grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer", lo que incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la madre. Para este segundo supuesto habrá un plazo de 22 semanas.

“SUPUESTOS DE COLISIÓN”

Según Gallardón, “lo más importante” que ha dicho el Constitucional es que “la vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental”, que está “garantizado en la Constitución como un proyecto de vida humano y eso es un bien jurídico”.

El ministro añadió, no obstante, que ese bien jurídico “no tiene un carácter absoluto”, porque se puede limitar por derechos, en referencia a los derechos de la mujer en situaciones excepcionales a las definió como “supuestos de colisión”.

Explicó que estos supuestos en los que el aborto se despenaliza con “la existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada” o “la presión insoportable que para la mujer puede acarrear la situación que sea consecuencia, de un delito, de un atentado contra su integridad”, en referencia a que el embarazo sea fruto de una violación.

El titular de Justicia añadió que el anteproyecto aprobado este viernes elimina el sistema de plazos que impulsó en la pasada legislatura el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según Gallardón, este sistema se elimina porque el Constitucional ha establecido que la vida del feto no puede depender en “exclusiva” de la voluntad de la mujer “cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección”.

Además, el ministro dijo que otro aspecto esencial de la reforma es que se elimina el reproche para la mujer embarazada en caso de no cumplirse los supuestos de aborto. En estos casos, la mujer no será objeto de persecución penal ni se le podrán imponer multas.