El texto definitivo de esta ley, que inició su trámite parlamentario en junio, ve la luz tras pasar por el Senado y sumar algunas modificaciones respecto al texto que aprobó el Congreso en octubre.

Esta norma, que supone la culminación de la reforma financiera con el cumplimiento de una de las exigencias de Bruselas para el llamado rescate financiero, crea el fondo de reserva para insolvencias, que podrá llevarse a cabo a través de los nuevos bancos filiales.

El objetivo de este fondo de reserva es hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.

El Gobierno defiende que con la aprobación de esta ley se ha cumplido con todos los “compromisos relevantes” a los que se comprometió en el memorando firmado con la UE para recibir la línea de ayuda a la banca.

El diputado del PSOE Valeriano Gómez denunció que esta norma pretende desamortizar el sector, aunque reconoció que con el paso por el Senado la ley ha mejorado en algunos aspectos como fruto del “consenso” en la compatibilidad de funciones entre fundación y banco.

Por ello, indicó que su grupo aprueba algunas enmiendas técnicas con el fin de mejorar el sistema, que ha demostrado que las cajas operaban “en alguna ocasión sin dueño” y en otros siguiendo “directrices insensatas”.

Por su parte, desde el PP la diputada Irene Garrido defendió la ley porque asegura un nuevo marco de las cajas de ahorro y una vuelta al “origen” de las mismas. El sector financiero cuenta ahora, indicó, con “más transparencia” después de vivir un tiempo en el que las dudas sobre el sistema “eran insostenibles”.