El PSOE hace esta petición tras conocerse por los medios de comunicación el caso de un ciudadano ecuatoriano con un grado de discapacidad, intelectual, del 67%, al que la Audiencia Nacional le ha denegado la nacionalidad española por no superar la realización de una prueba con varias preguntas sobre España.

En esta prueba, argumentan los socialistas, no se habían realizado los ajustes razonables, es decir, "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieran en un caso particular, que sin imponer una carga desproporcionada o indebida garanticen a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de sus derechos".

Y no se habían hecho estas adaptaciones, prosigue su razonamiento el Grupo Socialista, pese a que así lo indica la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados que la han firmado, como España, a prestar apoyo a los ciudadanos con discapacidad para que alcancen la plena igualdad jurídica.

A juicio del PSOE, esta igualdad debería garantizarse en cualquier procedimiento administrativo de los que se realizan ante las administraciones públicas, sean locales, provinciales, autonómicas o nacionales, "pero esta no es la realidad".

Por otra parte, sostiene la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, "el artículo 22.4 del Código civil solo exige buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, como requisitos legales para la concesión de la nacionalidad".

Y añade: "La interpretación de que no existe ese grado de integración cuando la capacidad psíquica impide retener datos o expresarlos verbalmente es una discriminación injustificable que vulnera el derecho de igualdad".

Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista considera que se deben abordar los cambios normativos necesarios en procesos de extranjería y nacionalidad para introducir los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acreditar suficientemente su grado de integración en España.

En concreto, su proposición insta al Ejecutivo a "realizar en el procedimiento de verificación del grado y suficiencia de integración en la sociedad española para la obtención de la nacionalidad, las adaptaciones necesarias orientadas a que aquellas personas con discapacidad que accedan a la prueba no sean discriminadas por razón de su discapacidad y garantizarles así el goce o ejercicio pleno de sus derechos, en igualdad de condiciones".