El Pleno ha dado traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Navarra, que disponen de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.

El Constitucional acuerda también la suspensión automática de la norma recurrida, al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución que establece que el Ejecutivo “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Esta impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal analizará en próximas fechas.