El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, ha encontrado a los tres etarras culpables de un total de 18 delitos de lesiones terroristas, tres de ellos agravados, además de atribuirles delitos de estragos terroristas, robo con violencia y falsificación documental.

Los magistrados consideran probado que Berasategui, Zabalo y Barbarín formaron parte del denominado "comando Behorburu" de ETA. Este "talde", bajo las órdenes de Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, responsables del aparato militar de ETA, se dedicaba a realizar atentados con coche-bomba.

A comienzos del año 2000, el comando constituyó en el polígono industrial de Urretxu (Guipúzcoa) una pequeña empresa denominada "Zipristin", dedicada en apariencia al lavado y limpieza de vehículos pero que en realidad facilitaba a los etarras la cobertura necesaria para ocultar los coches robados y prepararlos como coches-bomba.

El 10 de agosto de ese año, los etarras robaron un vehículo en Ondarroa (Vizcaya) y lo trasladaron al local de Urretxu, donde le colocaron una cantidad indeterminada de dinamita tipo Titadyne. Una vez preparado como coche-bomba, Berasategui y Barbarín llevaron el coche hasta la localidad de Salou, donde lo estacionaron el aparcamiento del Hotel Calafont.

A las 7.16 horas del 18 de agosto, Berasategui telefoneó al número de la Asociación de Ayuda en Carretera de Guipúzcoa alertando de la colocación del coche-bomba e indicando que el mismo haría explosión a las 8.00 horas.

A pesar de que se pudo localizar el vehículo y de que el personal y los clientes del hotel y de los establecimiento aledaños pudieron ser desalojados, la explosión del coche, que se produjo a las 8.03 horas, hirió a 18 personas, entre ellas tres niños y tres agentes de la Guardia Civil, y provocó cuantiosos daños materiales.

Además de los 208 años de prisión, el tribunal ha impuesto a Berasategui, Zabalo y Barbarín la prohibición de acercarse a Salou o al domicilio de los heridos durante un periodo de cinco años tras cumplir la condena. También deberán indemnizar con diferentes cantidades a las 18 víctimas del atentado.