“Creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la supuesta comisión de graves delitos no parece muy propio de un informe policial solvente”, señala el escrito, firmado por Alberto Durán, abogado del PP.

El instructor del caso por la supuesta contabilidad B de los populares, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sí ha dado crédito a los informes elaborados por la UDEF, en los que se señalaba “la presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial habría sido utilizada para atender a determinados pagos al arquitecto”.

RENOVACIÓN EN NEGRO

El magistrado imputó en septiembre pasado al arquitecto responsable de la obras, Gonzalo Urquijo, por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. El arquitecto, de hecho, será interrogado por el juez el próximo lunes.

El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró en su declaración ante Ruz que los populares habían pagado en negro a Urquijo el 30 por ciento del valor total de la obra de renovación de su sede nacional, realizadas entre los años 2005 y 2011. Los ‘papeles de Bárcenas’ recogen varios pagos a Urquijo –bajo los epígrafes ‘Gonz. Urquijo ’, ‘Gonzalo (Arquitecto)’ y ‘G.U.’- por un montante total de 888.000 euros.

Tras el registro de la sede de Unifica, la empresa de Urquijo, y el informe realizado por UDEF, el juez de la Audiencia Nacional aseguró que se pueden “confirmar a nivel indiciario la veracidad” de los pagos al arquitecto reflejados en los ‘papeles de Bárcenas’.

Ruz, en consecuencia, aprecia “indicios de falta de concordancia o descuadre” entre la facturación realizada por Unifica, la empresa de Urquijo , por las obras de la calle Génova y “los apuntes registrados en la contabilidad oficial del partido” por la renovación de su sede nacional.

FACTURAS ANULADAS

El PP asegura sin embargo en su escrito que “ha pagado la totalidad de la obra mediante cheques o transferencias bancarias, según consta en su contabilidad y en la de la empresa contratista”. Los supuestos descuadres entre los documentos incautados en la sede de la empresa Unifica y contabilidad del PP se debe, según explica el escrito, se debe exclusivamente “a facturas elaboradas por la contratista y después anuladas e integradas en pagos realizados por banco poco días después de su anulación, al haberse emitido certificaciones finales de importe mayor que las facturas anuladas”.

“Los recibís encontrados en la documentación incautada a Unifica y no anulados coinciden con pagos por anticipos realizados por el PP incluidos en su contabilidad”, reitera el abogado antes de señalar que “los recibís anulados no constan, como es lógico, en la contabilidad del PP porque están anulados”.

Los populares aseguran que “en una obra es absolutamente normal que existan anulaciones de facturas” y explican que “nadie concibe el desarrollo de una obra tan voluminosa sin la constante discusión de partidas y conceptos incluidos en facturas”.

El escrito del PP aporta documentos y facturas con los que asegura que se puede acreditar que las obras de Génova se pagaron de forma legal.

ESTRATAGEMAS DE BÁRCENAS

Los populares aseguran que la coincidencia entre los recibís de la empresa Unifica y los apuntes de los ‘papeles de Bárcenas’ son fruto de “actuaciones premeditadas por parte del autor de los papeles con la finalidad de intentar dar veracidad a los mismos o bien cualquier otra finalidad ilícita”. El escrito reitera en este sentido que estas anotaciones han podido servir en realidad “para amparar algún otro hecho distinto, estrictamente particular de Bárcenas, y probablemente ilícito”.

El PP cree, por lo tanto, que los documentos que han servido a Ruz para acreditar indiciariamente un supuesto pago en negro en las obras de renovación de su sede responde a “una actuación planificada en el tiempo” por Bárcenas con “finalidades espurias”.

El escrito vuelva a acusar a la UDEF de basarse “exclusivamente “en los “documentos dubitativos del imputado Bárcenas” y de utilizar “simples presunciones”. “Deducir de un simple error en la emisión de la factura nada menos que un posible delito de falsedad documental y contable resulta asombroso”, señala el abogado del partido.