Moreno, en un auto dictado hoy, solicita penas de entre dos años y 14 años y diez meses de prisión para los 61 socios de auditora entre los que se encuentran varios miembros de la antigua cúpula de la entidad como Miguel Fernández de Pinedo, ex presidente, José María Tajadura, ex administrador solidario de PwC Consulting y responsables de Operaciones en España, y César Rodríguez Ramos, ex socio responsable de la división fiscal y legal de PwC.

En el auto, también se fijan indemnizaciones a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidades pecuniarias de forma solidaria para varios socios, asociados y las propias compañías implicadas por cantidades que superan los 42 millones de euros a lo que hay que añadir las responsabilidades individuales de cada socio.

Los delitos llevan aparejadas penas individuales que no superan los cinco años de prisión, por lo que los acusados serán juzgados por el magistrado José María Vázquez Honrrubia, titular del juzgado Central de lo Penal.

El juez recoge el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. El fiscal, en concreto, solicita entre 2 años y 3 años y seis meses de prisión y multas de diversas cantidades en proporción a la defraudación, en concepto de autores de delitos contra la Hacienda Pública Estatal y Foral vasca, cuatro delitos contra la Hacienda Pública estatal por la omisión de la obligación de retención del IRPF del ejercicio de 2002, para cuatro sociedades de PWC, y 56 delitos referidos al propio impuesto del IRPF del ejercicio de 2002 de 56 de los acusados.

Las defensas disponen ahora de 30 días para presentar su escrito de defensa y después la causa se elevara al Juzgado Central de lo Penal.

DOS OPERACIONES

En concreto, los delitos se derivan de dos operaciones. Por un lado, Anticorrupción constata que los socios de PwC no declararon ante la Hacienda Pública estatal y foral la percepción global de 20.969.168’09 € en concepto de bonus. Dicha cantidad fue entregada a los mismos en enero de 2.002 como retribución por su trabajo en la citada empresa.

Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos. Esta venta fue llevada a cabo en octubre de 2.002. En la fecha de la recepción por los socios, enero de 2.002, ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio.

Los socios denunciados son aquellos a los que se imputa una defraudación por su IRPF superior a 120.000 euros. Paralelamente, las sociedades PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., donde prestaban sus servicios los socios afectados, omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Las cantidades que dejaron de ingresar ascienden a 4.002.642 euros, en el caso de PWC Auditores SL, 1.659.144, en PwC Jurídico y Fiscal S.L., 848.869 en PwC Asesores de Negocios y 3.140.788 en PwC Consulting.

VENTA DE IBM

Por otro lado, la Fiscalía denunció también delitos contra la Hacienda Pública derivados de la omisión de declaración en el impuesto de sociedades de PwC SL e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de la división de Consultoría de PwC SL a IBM llevada a cabo en octubre de 2.002.

La Fiscalía imputa que para evitar el pago de la deuda fiscal se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando la realidad de la operación fue la venta de la empresa, con el fin de omitir la debida tributación por el Régimen General del impuesto de Sociedades y el ingreso en el Erario Público de la cuota debida. La cuota defraudada que se imputa por este hecho ascendió a 18.365.210,88 euros por el Impuesto de Sociedades de PwC S.L.

Como consecuencia de esta operación simulada PwC S.L., propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de la Consultoría, siendo los propios socios de PwC, y no la sociedad, quienes formalmente vendieron la División a IBM.

Posteriormente, los socios declararon indebidamente en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos.

El total de las cuotas tributarias defraudadas por los socios como consecuencia de ambas operaciones, asciende a los 12 millones de euros y el importe total de las cuotas defraudadas imputadas supera los 40 millones de euros.