Según el Gobierno, la ley podría suponer un incremento de 1,52% del PIB en diez años por la actividad económica que generará, unos 1.500 millones anuales.

Esta norma recibió el pasado 28 de noviembre el respaldo parlamentario gracias al apoyo de los populares, ya que la oposición manifestó durante todo el trámite en el Congreso y en el Senado su negativa a la ley.

Paralelamente a esta norma, el Ejecutivo trabaja en un plan de racionalización normativa en el que ha contabilizado más de 2.700 normas, tanto estatales como autonómicas, que estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas. De las 6.500 analizadas, 2.700 normas tenían incidencia negativa o mejorable, de las que aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos.