Pese a que desde este miércoles comienza su aplicación, según recoge Servimedia, el denominado 'pasaporte único', mediante el cual una empresa que tenga autorización para operar en una comunidad autónoma podrá operar en cualquier parte de España, no se aplicará hasta dentro de tres meses.

Desde el Gobierno se defiende que la ley podría suponer el incremento 1,52% del PIB en diez años por la actividad económica que generará, unos 1.500 millones anuales.

Esta norma recibió el pasado 28 de noviembre el respaldo parlamentario gracias al apoyo de los populares ya que la oposición manifestó durante todo el trámite por Congreso y Senado su negativa a la ley.

Paralelamente a esta norma, el Ejecutivo trabaja en un plan de racionalización normativa en el que han contabilizado más de 2.700 normas, tanto estatales como autonómicas, que estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas. De las 6.500 analizadas, 2.700 normas tenían incidencia negativa o mejorable de las que aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos.