El objetivo de esta medida es que Aguirre no reciba ayuda ajena –de un abogado, por ejemplo- a la hora de contestar a las preguntas.

Aguirre, por lo tanto, tendrá que someterse a las mismas condiciones impuestas al expresidente valenciano Francisco Camps en el marco del ‘caso Nóos’. Ruz ha tomado esta decisión después de que la expresidenta madrileña comnicase, al igual que hiciera Camps en el ‘caso Nóos’, que se acogía su derecho a declarar por escrito, con lo que se evita el ‘paseíllo’ por la sede de los juzgados.

Aguirre está citada como testigo para que declare sobre las adjudicaciones que el Gobierno regional concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.