Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran de la técnica de ‘fracking’ tendrán el visto bueno administrativo en un plazo de cuatro meses, prorrogable a dos más por razones justificadas y debidamente motivadas.

Hasta ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las comunidades autónomas concedíab las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998, como única norma nacional.

Con la Ley de Evaluación Ambiental, el promotor del proyecto de ‘fracking’ deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses, cuando actualmente esta situación puede demorarse varios años.

Los votos del PP bastaron para dar luz verde a esta norma, que suscitó el rechazo de gran parte de los partidos de la oposición, aunque CiU dio su apoyo a algunas modificaciones del Senado y se abstuvo en otras.

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental se tramitó por el procedimiento de urgencia y quedó visto para sentencia con menos de un mes de recorrido parlamentario, iniciado el pasado 30 de octubre en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

Durante la tramitación en el Congreso y el Senado, los diferentes partidos de la oposición reiteraron sus quejas por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la UE se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental y afirmaron que la norma propiciará que “quien puede pagar, contamina”.

La introducción mediante enmiendas del reciente Memorándum del Tajo-Segura, la creación de “bancos de conservación de la naturaleza” y el ‘ fracking ’ o fractura hidráulica fueron otros de los puntos controvertidos que no suscitó consenso.

El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este jueves que la ley incluye “engaños” porque “pervierte la evaluación ambiental por la relajación de las existencias. Se trata de dejarla en mínimos, se reducen los plazos y los requisitos. Es como si tuviese que pasar la ITV del coche en dos minutos”.

Ábalos subrayó que la norma “legaliza el ‘fracking’” y recriminó al Gobierno que se haya “arrojado en los brazos de empresas que quieren convertir la fiebre del oro en la fiebre del agua”.

Laia Ortiz, de ICV, también fue muy crítica con la norma, a la que calificó de “ley del ‘fracking’”. “No sirve para mejorar la protección del medio ambiente y deja muchísimas lagunas”, indicó, antes de añadir que el texto tiene como “ADN” que “el medio ambiente es un lastre para la economía”. “Quien puede pagar, puede contaminar. Bajo ese principio es imposible proteger la riqueza y la diversidad. Sólo va a servir para que algunos saquen tajada de la degradación del territorio”, apostilló.

Por su parte, Manuel Luis Torres, del PP, recalcó que la Ley de Evaluación Ambiental ofrece seguridad jurídica a los empresarios, que verán reducidos los plazos para la puesta en marcha de sus iniciativas. “Existen más de 10.000 actuaciones pendientes de evaluación ambiental, debido a procedimientos excesivamente largos que no protegen el medio ambiente, sino que suponen un freno para el desarrollo sostenible”, indicó.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo “ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental” minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

Con este Proyecto de Ley se simplifican los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología, de manera que plazos para el proyectos de evaluación estratégica ordinaria es de 22 meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas; los de evaluación ambiental estratégica simplificada, cuatro meses; los de evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuatro meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas, y los de evaluación de impacto ambiental simplificada, tres meses

Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

PELIGROSIDAD SÍSMICA’ Y ‘BUNKERING’

Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica “la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto”, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.

Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del ‘bunkering’ o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, “el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque”.