En el juicio celebrado esta mañana por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, Díaz Ferrán entró esposado en la sala y acompañado por su abogado Nicolás González-Cuellar. Aseguró que como miembro del consejo de Administración de AirComet su implicación en la compra de redujo “a la firma del contrato de compraventa”.

A preguntas del fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Carballo, el expresidente de la CEOE explicó que el Consejo de Administración de AirComet presidido en el momento de la compra de Aerolíneas Argentinas por Antonio Mata, también acusado en el juicio por un delito fiscal, estaba seguro de que “no me constata que hubiera un delito fiscal”.

Díaz Ferrán dijo que “intervino en el contrato” en la compraventa como representante de la sociedad Transporte de Mercancías aunque aseguró desconocer “como se realizaron las transacciones” establecidas en el contrato firmado con SEPI puesto que “no llevaba la gestión de AirComet”.

En el juicio presidido por el magistrado José María Vázquez Honrrubia, el expresidente de la CEOE aseguró que “se cumplió fielmente con todo lo que se acordó como demuestra el Tribunal del Cuentas” y apuntó que “las cuentas las llevaba Antonio Mata como consejero delegado” de AirComet.

“Nos llegó la noticia de que SEPI sacó al mercado la venta de Aerolíneas Argentinas a través de la empresa Intervest y comentamos la compra”, comentó Díaz Ferrán, que dijo además que “tras el reciente atentado de 11 de septiembre tuvimos la valentía de comprar la compañía con la idea de sacarla adelante”.

DELITO FISCAL

La Fiscalía atribuye Díaz Ferrán un delito contra la Hacienda Pública. En el banquillo de los acusados también se sientan Antonio Mata Ramayo, exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, para quien también se solicitan dos años y cuatro meses de cárcel por el mismo delito. La Fiscalía iba a pedir la misma pena de cárcel para el socio de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, quien falleció en junio de 2012.

El juicio fue señalado en un principio para febrero de 2013 pero la vista se aplazó finalmente porque todavía faltaba recibir una comisión rogatoria cursada a Argentina. Está previsto que el juicio, que celebrará el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, finalice mañana.

PETICIÓN DE INDEMNIZACIÓN

El fiscal Carballo pide que se condene también a Díaz Ferrán y a Mata Ramayo a indemnizar solidariamente a la Hacienda Pública con 99.049.520 euros por el presunto impago del Impuesto de Sociedades en el año 2002 en el marco de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.

Los hechos se remontan a noviembre de 2000, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 99,2 por ciento de las acciones de Interinvest, sociedad que a su vez era propietaria del 92,1 por ciento del capital de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera del país sudamericano, que en aquel momento arrastraba pérdidas.

El escrito de acusación de la Fiscalía destaca que el 2 de noviembre de 2001 la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. Este contrato fue firmado por Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, y Díaz Ferrán, Mata Ramayo y Pascual en nombre de Air Comet y las sociedades Segetur, Transporte de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur.

El contrato estipulaba que la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares contraídos por Aerolíneas Argentinas y la compañía de vuelos domésticos Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas.

Según el fiscal Carballo, los tres acusados pagaron con este dinero deudas por valor de 272,87 millones de dólares, unos créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas.

DESFALCO A HACIENDA

Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que, según el Ministerio Público, Díaz Ferrán y sus socios debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades, algo que no hicieron.

El representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita, además de la pena de prisión y de la indemnización, que se imponga a los acusados la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.