Según indicaron a Servimedia desde la compañía que preside Antonio Brufau, las acciones judiciales iniciadas por este caso desaparecerán en caso de que finalmente se produzca el acuerdo.

El 16 de abril de 2012 el Gobierno argentino presidido por Cristina Fernández de Kirchner anunció una norma por la que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF. Esta maniobra de Argentina derivó en que actualmente la compañía española mantenga abiertas, hasta el día de hoy, un total de nueve acciones judiciales.

Desde ese momento, la compañía española anunció que emprendería acciones legales hasta que se le abonara una indemnización justa.

La principal causa es la demanda de Repsol contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Por otra parte, la situación ha llevado a Repsol a litigios tanto en Argentina, EEUU (4) y España (3). En el país sudamericano, la compañía que preside Antonio Brufau demandó a Argentina por considerar “inconstitucionalidad” la expropiación.

En EEUU se demanda tanto al estado de Argentina como a Chevron y al Bank of New York Mellon (BNYM).

En el caso español, la multinacional petrolera presentó denuncias por “competencia desleal” a Chevron, Bridas e YPF.

Este lunes, se anunció un principio de acuerdo alcanzado entre Argentina, México y España en relación con la expropiación de YPF a la petrolera española. Si bien, la petrolera española sostiene que este principio de acuerdo será sometido a su Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus condiciones y términos. En dicho Consejo están presentes, entre otros, Pemex y la Caixa, partícipes en dicho preacuerdo.