Según Azúa, dicha convergencia ayudaría a articular mejor el tejido social, consiguiendo una mayor influencia política y creando nuevos espacios de encuentro. Así lo expresó durante su intervención sobre en el IX Congreso Estatal de Cermis Autonómicos ‘Gestión del cambio en discapacidad’, que hoy y mañana se celebra en Santa Cruz de Tenerife.

Para el delegado del Cermi, es “fundamental” crear un clima de confianza entre las entidades de la discapacidad para llegar a esa cooperación, tanto en el ámbito político como en la dimensión asociativa.

Azúa apuesta así por poner a las personas al frente de las organizaciones, y es la convergencia, aseguró, la que ayuda a detectar mejor sus necesidades, permitiendo llegar a un colectivo mayor y de manera más eficiente y convertirse en organizaciones más globales. La convergencia, añadió, no hace perder el discurso de cada entidad ni su identidad social, así como tampoco debe suponer la desaparición de éstas.

Entre los retos a los que se refirió en este ámbito, destacó la necesidad de compartir visión, valores, voluntad política y liderazgo, para alcanzar una mayor competencia técnica y encontrar elementos comunes que generen una cultura compartida y un estado de opinión, afirmó.

Representantes de entidades como el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), el Cermi Comunidad de Madrid y el Cermi Región de Murcia aplaudieron, asimismo, las ventajas de la convergencia asociativa y destacaron la importancia de que las organizaciones de la discapacidad vayan en esa dirección, desde un clima de confianza.

NECESIDADES DE CAMBIO

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares Vicente Marbán Gallego presentó el estudio ‘Realidad, necesidades de cambio y retos futuros en el sector de la discapacidad’, realizado, según afirmó, “para y desde las entidades de la discapacidad”, con el objetivo de analizar las necesidades actuales para las personas con discapacidad y, sobre todo, los recursos necesarios para atender sus necesidades de renta, empleo y servicios en el horizonte 2020.

Marbán señaló que existen 3.787.000 personas con discapacidad, en la que las tasas de pobreza duplican la media nacional a pesar de las mejoras en el empleo y en la protección social, con elevadas tasas de abandono escolar en el ámbito educativo; y con un bajo nivel de titulación superior y de tasas de ocupación.

En relación a la financiación de las organizaciones de la discapacidad, destacó la diversidad en cuanto a tamaño y el bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, aunque con una elevada dependencia de recursos públicos. Asimismo, se refirió a una limitada diversificación de recursos, una incertidumbre en los recursos públicos y privados con la crisis, un modelo de colaboración entre entidades todavía limitado, amplias mejoras de gestión y cierto déficit de transparencia.

En cuanto a los modelos de desarrollo asociativo, explicó que el sector de la discapacidad es “muy diverso”, y que afronta nuevos retos debido a la incertidumbre sobre el devenir del Estado del bienestar, contando con cambios en la base social de la discapacidad. También ha apuntado a las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de los derechos y la innovación social.

Además, señaló las necesidades sociales en el horizonte 2020, y marcó como objetivos, en consonancia con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y la Estrategia Española sobre discapacidad 2012-2020, el alcanzar una tasa de empleo del 40%, reducir un 25% la situación de pobreza, y reducir al 18% la tasa de abandono escolar.