La formación recuerda que “hace unos días fue destituida” la inspectora jefa adjunta de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el área de la Agencia Tributaria que se encarga de controlar las empresas que facturan más de 100 millones de euros.

Según los datos que aporta UPyD, la funcionaria cesada había sancionado a una empresa española filial de la cementera mexicana Cemex. La multa ascendería a 450 millones de euros, “la sanción tributaria de mayor importe de la historia de la Agencia Tributaria”.

Por este motivo, el partido liderado por Rosa Díez cuestiona que cargos de nombramiento político, como el delegado central de Grandes Contribuyentes, puedan dictar instrucciones en expedientes sobre los cuales no tienen ninguna competencia.

UPyD incluso pregunta si estas órdenes se han impuesto desde instancias superiores como alguna secretaría de Estado o el ministerio, en una batería de preguntas que deberá responder el Ejecutivo.

Recuerda, además, que “la Agencia Tributaria ha justificado las destituciones y dimisiones en una reorganización administrativa”, en la que depués se han producido “varias dimisiones de puestos técnicos clave en disconformidad con la actuación del director general de la Agencia Tributaria”.