Ruz, en concreto, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción “en qué condiciones” considera que tiene que declarar Aguirre, según consta en una providencia dictada hoy. El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión después de que la expresidenta madrileña haya comunicado, al igual que hiciera Camps en el ‘caso Nóos’, que se acogía su derecho a declarar por escrito, con lo que se evita el ‘paseíllo’ por la sede de los juzgados.

Ruz citó a Aguirre como testigo para que declarara sobre las adjudicaciones que el Gobierno regional concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.

El magistrado quiere saber si puede hacer como el juez del ‘caso Nóos’, José Castro, y obligar a Aguirre a responder a las preguntas ante la presencia de su secretario judicial. El objetivo de esta medida, adoptada por Castro con respecto a Camps, es que los testigos no reciban ayuda ajena –de un abogado, por ejemplo- a la hora de contestar a las preguntas.

Tanto Camps como Aguirre tienen derecho a declarar por escrito al haber sido citado como testigos en causas que investigan hechos que tuvieron lugar cuando ambos eran presidentes de comunidades autónomas.

La decisión del juez Castro sobre Camps dio lugar a una situación esperpéntica. El magistrado citó al expresidente valenciano para el pasado domingo para que, en el lugar que el eligiese, pudiese contestar en presencia de la secretaria del juzgado a las preguntas que las partes le habían planteado sobre las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres.

El juzgado, a pesar de realizar diversas llamadas telefónicas y enviar a policías al domicilio de Camps, fue incapaz de localizar al exmandatario.