La Congde subrayó que esta norma podría considerar como “delito de integración en organización criminal” la convocatoria de una concentración o protesta a través de Internet en la que se produzcan incidentes violentos, y “atentado contra la autoridad” la resistencia activa no violenta, casos que podrían ser castigados con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de hasta 600.000 euros.

“Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos esta propuesta profundamente preocupante, puesto que constituiría una restricción de libertades y derechos y una criminalización de las movilizaciones ciudadanas pacíficas que canalizan el descontento social y las demandas ante el recorte de derechos humanos que se está produciendo en nuestro país”, explicó.

La Congde señaló que “la defensa de los derechos humanos y la promoción de propuestas pacíficas que contribuyan al bien común forman parte de nuestra identidad ciudadana” y que “las propuestas no violentas son absolutamente necesarias para luchar contra la injusticia y construir conjuntamente sociedades justas y equitativas”.

En este sentido, subrayó que la Constitución española recoge los derechos de manifestación y la libertad de expresión y que la Declaración de los Derechos Humanos incluye la libertad de opinión y de expresión.

“La fiscalización ciudadana de la gestión de lo público no sólo es un derecho, sino también un deber ciudadano que es inherente al ejercicio de la democracia. Las reivindicaciones no violentas contribuyen a la construcción de sociedades más justas y equitativas”, concluyó.