Según aseguró la UFP a través de un comunicado, no se trata de “una ley antisistema”, sino de “una ley antigrupos radicales”, en referencia a que el texto propuesto castiga las concentraciones ilegales frente a las Cortes, ir encapuchado para cometer incidentes o insultar a los policías.

A este respecto, el secretario de Comunicación de la UFP, Serafín Giraldo señaló que “se trata de disponer de instrumentos sancionadores de carácter administrativo para altercados graves de grupos radicales, que utilizan el ejercicio legítimo del derecho de concentración o manifestación, para alterar el orden público”.

Según Giraldo, la ley que promueve Interior “es de sentido común”, puesto que “manifestarse es un derecho, utilizar medios violentos es un abuso de ese derecho”.

Este portavoz añadió que, con este anteproyecto, parece que el gobierno “ha querido poder disponer de un régimen sancionador más severo de conductas antisociales ante el exceso de garantismo judicial” para hacer frente a determinados excesos en la calle.