En una carta, estas organizaciones le trasladan a Fernández su "sorpresa y preocupación" porque sostienen que "algunos artículos pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos".

"Teniendo en cuenta que estamos hablando de un borrador, que también estará sometido a dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, le pedimos una reunión, con el fin de poder abordar posibles discrepancias y lograr que se modifique esta propuesta inicial, en beneficio del trabajo de los profesionales y de los medios de información, así como de los ciudadanos, que son los destinatarios del mismo."