En declaraciones a Servimedia, Beltrán señaló que en su redacción actual, “la norma atenta contra derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación pacífica, a los que vacía de contenido”.

“Por eso hemos pedido a Interior que paralice el anteproyecto y que nos envíe su texto para estudiarlo, ya que lamentablemente lo conocemos por los medios de comunicación”, subrayó Beltrán.

A su juicio, el establecimiento de “zonas de seguridad o de exclusión” en torno a políticos o recintos específicos, como el Congreso de los Diputados, implica “la autorización a priori de la manifestación”, cuando en la actualidad lo que se hace es informar y acordar cuestiones prácticas como los lugares de tránsito.

Esta medida, indicó, “que posiblemente se toma para evitar los escraches, limita la libertad de manifestación y de reunión", pues “prohíbe en general antes de que haya sucedido nada”, lo que a su juicio contradice la normativa de derecho internacional. Beltrán agregó que el aumento de las multas (hasta 600.000 si se rodea el Congreso) “disuadirá a posibles manifestantes”.

Además, continuó, en el nuevo Código Penal muchos supuestos salen del ámbito penal, donde se consideraban falta, y pasan a lo contencioso administrativo.

De este modo, el ciudadano que quiera recurrir deberá asumir las tasas y pagar más, lo que sin duda a muchos les quitará las ganas de litigar.