Estos obstáculos se refieren, fundamentalmente, a la dificultad para acreditar la existencia de un “fundado temor de persecución” o la “pertenencia a determinado grupo social”, tal y como indicó Becerril en su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde presentó la actualización del informe ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’.

Entre las recomendaciones que hace este trabajo a las autoridades figura la de revisar los criterios de examen de las solicitudes de protección internacional de potenciales víctimas de trata y la de “reforzar los protocolos de actuación para la detección inmediata de potenciales víctimas de trata en aeropuertos, costas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

El texto, expuesto en el Senado en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo lunes, 25 de noviembre, aconseja también que se extiendan los mecanismos de protección a los menores de corta edad que intentan acceder de manera irregular por las costas españolas, acompañados de adultos que dicen ser sus progenitores.

Del mismo modo, el documento recomienda que se encuentre “un encaje adecuado” para la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la identificación de las víctimas de trata.

La actualización del informe monográfico ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’ analiza el estado de las recomendaciones formuladas a los distintos organismos de la Administración con competencias en la materia y concluye que, a día de hoy, de las 27 recomendaciones formuladas en el estudio, se han aceptado 25 y se han rechazado dos.

La institución valora los avances existentes en este campo, pero considera que quedan “retos pendientes”, como el de establecer formas de proteger a la víctima más allá de su condición de testigo fundamental en un procedimiento penal.

Además de este informe, Soledad Becerril presentó ante los parlamentarios otros dos: el titulado ‘Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas’ y el denominado ‘Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización.

LIBROS DE TEXTO

En cuanto al referido a los libros de texto, la defensora recordó que a partir de los datos proporcionados por las autoridades educativas, el estudio analiza la evolución y eficacia de los sistemas de apoyo a la gratuidad de los libros de texto en las etapas de enseñanza obligatoria, entre los cursos 2008-2009 y 2012-2013.

Además, hace una docena de recomendaciones a las autoridades educativas, entre las que aparecen la de mantener los programas y sistemas de apoyo a la gratuidad en la enseñanza obligatoria y la de promover líneas de actuación para que el apoyo a la gratuidad de los libros de texto sea equiparable en toda España.

En el periodo analizado, afirma el informe, el objetivo de gratuidad de los libros de texto ha retrocedido, tanto en el importe de los fondos globales destinados a este fin como en el porcentaje de beneficiarios.

Así, apunta el texto, en los últimos cinco años los fondos totales destinados a la financiación de las políticas de gratuidad han caído un 45,2%, como consecuencia de la bajada del 74,9% de la financiación estatal y de la reducción del 34,9% de la financiación autonómica, lo que se ha traducido en una caída del número de beneficiarios del 33,1%.

La institución recomienda también que se favorezca la reutilización de los libros de texto por parte de varios alumnos, por tratarse de un sistema “más eficiente y de menor coste” que otras modalidades de ayudas. También fomenta valores y actitudes de uso responsable entre los escolares.

Para facilitar la reutilización de los libros, la Oficina del Defensor del Pueblo pide que se determinen programas en colaboración con los centros docentes y asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas).