Así lo afirma la Plataforma en un informe presentado hoy en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Tasas.El escrito hecho público por el presidente del consejo, Carlos Carnicer, denuncia que la aprobación de la Ley de Tasas hace un año por el Gobierno de Mariano Rajoy “ha confirmado los peores augurios sobre su aplicación”.

La plataforma, que reúne a abogados, sindicatos, funcionarios, consumidores, secretarios judiciales y fiscales, considera que “la ley ha privado a muchos ciudadanos de su fundamental constitucional derecho a la tutela judicial efectiva y ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia”.

EFECTO DISUASORIO

El informe apunta además que esta ley ha provocado un “efecto disuasorio” entre los ciudadanos favoreciendo “el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago a las tasas”.

Desde esta asociación también se denuncia que “se desconoce el destino de la recaudación por las tasas”, ya que ni siquiera aparece en el presupuesto de 2014 del ministerio dirigido por Gallardón. En el escrito se critica que las tasas han provocado un “efecto disuasorio” entre la población que quiere acceder a la justicia, y que ante la imposibilidad de pagar las tasas decide no iniciar pleitos y denuncias.

Desde la Plataforma Justicia para Todos se pide al Gobierno que “escuche la voz de todos los colectivos afectados y se valore el hecho sin precedentes de que todos los actores reales de justicia” están unidos frente a las reformas y acciones del Ejecutivo de Rajoy.

PROTESTAS CONTRA LA LEY

En el aniversario de la Ley de Tasas, el Consejo General de la Abogacía ha convocado para este miércoles concentraciones ante las sedes judiciales de toda España. En las manifestaciones asistirán también los miembros de la Plataforma Justicia para Todos.

En Madrid, el acto convocado para las 12.00 horas frente a los juzgados de la Plaza Castilla, contará con la presencia del presidente del consejo, Carlos Carnicer, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert.

La Abogacía rechaza desde su implantación las tasas judiciales “porque considera que su único fin es impedir que los ciudadanos de clase media defiendan sus derechos ante los tribunales”.