Como también ocurriera con el proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, ambas tramitadas por vía de urgencia, la comisión tiene competencia legislativa plena, por lo que el texto queda aprobado como si acudiera a Pleno.

La norma, gracias también a la mayoría absoluta del Partido Popular, ya sorteó el primer revés parlamentario que supusieron las siete enmiendas a la totalidad presentadas por distintos grupos parlamentarios (PSOE, La Izquierda Plural, UPyD, CiU, ERC, BNG y Compromís-Equo).

En su intervención para defender la norma el pasado 31 de octubre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que “mientras el sistema eléctrico acumule deuda no se podrán reducir los peajes”, que se corresponden con la parte regulada del recibo de la luz y que determina el Gobierno.

El proyecto que entregó el Gobierno ha sufrido modificaciones en el Congreso ya que se han aprobado las 57 emiendas presentadas por el PP. El resto de grupo presentaron enmiendas hasta hacer el total de 498 pero ninguna superó la votación. Los parlamentarios populares siempre votaron en contra de las enmiendas del resto de grupos.

Los grupos lamentaron que el Gobierno, a través del grupo parlamentario popular, no ha tenido voluntad de diálogo y consenso y ha utilizado, una vez más, la mayoría parlamentaria que posee para sacar la ley que ellos han considerado .

La norma, pieza central de la reforma energética, recoge un sistema “automático” para satisfacer la totalidad de costes cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes.

Además, se crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw. Vienen a ser los consumidores que, hasta entonces, usaban la Tarifa de Último Recuros (TUR), sobre el que se podrá aplicar el descuento del bono social. La nueva TUR seguirá "pero sólo para los consumidores vulnerables".

Asimismo, la ley aborda nuevos regímenes retributivos del 6,5% para el transporte y la distribución, y, aproximadamente, del 7,5% para las renovables, la cogeneración y los residuos.

Por primera vez, también se regula el autoconsumo, con la inclusión de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo. Este aspecto ha generado la crítica de la oposición porque, entiende, penaliza a los consumidores que quieren hacer uso de esta tecnología.

La ley, que todavía debe pasar por el Senado, se desarrolla en ochenta artículos, diez títulos, 13 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una derogatoria, y cinco finales, vinculadas a media docena de reales decretos.