Fuentes de Interior explicaron que estas "zona de seguridad" habrían permitido a las fuerzas policiales actuar con plena cobertura legal en meses pasados, cuando colectivos de afectados por las hipotecas llevaron a cabo 'escraches' o actos de protesta prohibidos o no comunicados frente al domicilio de miembros del PP o de cargos públicos de este partido. No obstante, el PSOE también ha denunciado recientemente que miembros del PP andaluz protagonizaron una acción de este tipo contra la presidenta de esta comunidad autónoma, Susana Díaz.

Las "zonas de seguridad" figuran en el borrador de nueva Ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el Ministerio del Interior y que este departamento espera llevar como anteproyecto al Consejo de Ministros de este viernes. Con anterioridad, el miércoles, el texto será analizado por la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que se reúne semanalmente en el Palacio de La Moncloa.

Si el texto supera este filtro previo, el presidente Mariano Rajoy y el resto de miembros de su Gabinete decidirán si dan el visto bueno al anteproyecto de Seguridad Ciudadana, que será entonces remitido a los órganos consultivos antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y su posterior remisión al Congreso.

Las fuentes de Interior consultadas explicaron que el anteproyecto elaborado por este departamento no establece que las "zonas de seguridad" tengan una extensión determinada, sino que esto es algo que determinarán las fuerzas policiales según las circunstancias.

Este asunto fue objeto de polémica en abril pasado, cuando en plena oleada de escraches contra domicilios de cargos públicos y miembros del PP, se especuló con que la Policía Nacional y la Guardia Civil podrían imitar a la Ertzaintza, que en una de estas protestas contra dirigentes públicos estableció un perímetro de 300 metros frente a la vivienda del afectado.

Finalmente, el ministro Jorge Fernández Díaz aclaró que lo que se había transmitido a las fuerzas de seguridad estatales es que adoptasen las "medias necesarias" para que se garantizasen los derechos de todos los ciudadanos, lo que incluía la inviolabilidad de domicilio y la intimidad personal y familiar.