Este proyecto de decreto, que acaba de someterse a consulta en el Consejo Nacional de la Discapacidad, renovará las normas de acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración Central, tras los cambios legales planteados en el Estatuto del Empleado Público en 2011.

Estos cambios elevaron la cuota de reserva de estas personas del cinco por ciento al siete por ciento, creando además una reserva específica del dos para personas con discapacidad intelectual.

Las modificaciones planteadas ahora se refieren precisamente a esa subcuota específica, de forma que se garanticen la igualdad de oportunidades y la acción positiva compensatoria para las personas con discapacidad intelectual, que a partir de la aprobación de este decreto tendrán que competir sólo entre ellas para acceder a ese tipo de plazas.

Junto a ello, la norma amplía la aplicación de la cuota de reserva en todas las modalidades de acceso al empleo público (funcionarios interinos, temporal, bolsas de empleo, etc.).

Con la normativa vigente, la Administración General del Estado ha permitido el acceso de 2.000 personas con discapacidad a plazas de empleo público, recordó Feaps, quien señaló también que el año pasado, 57 ciudadanos con discapacidad intelectual lograron una plaza en esta administración, que ahora ha convocado otras diez.