La ONG ha enviado una carta al secretario de Estado John Kerry ante la visita que va a realizar a Rabat los próximos 11 y 12 de noviembre.

La misiva emplaza a Kerry a plantear al Gobierno alauita una serie de cuestiones como el caso de Ali Anouzla, editor de la versión en árabe del portal de noticias Lakome, que fue detenido en septiembre pasado por publicar un enlace a un artículo en el diario español ‘El País’, que a su vez enlazaba con un vídeo atribuido a Al-Qaeda en el Magreb islámico.

Anouzla fue puesto en libertad el 25 de octubre, después de más de cinco semanas en "detención preventiva", pero sigue afrontando una posible condena de entre 10 y 30 años de prisión por varios cargos, incluyendo el de proporcionar "apoyo material" a una organización terrorista y el de "defensa de delitos de terrorismo.

El periodista debe comparecer ante el juez de instrucción encargado del caso el próximo 23 de diciembre, y las versiones en árabe y en francés del sitio Lakome llevan bloqueadas desde el 17 de octubre, así como el sitio web ‘Reflets.info’.

PUESTO 136

“Reporteros sin Fronteras considera que estos procesos judiciales y la censura de estos sitios web son el resultado de una decisión política y arbitraria, por lo que constituyen graves violaciones del derecho a la libertad de información”, señala la organización en un comunicado.

La situación de la libertad de información en Marruecos, que ocupa el puesto 136 de 179 países en la Clasificación Mundial 2013 de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, genera, a juicio de RsF, una serie de problemas que requieren medidas concretas por parte de las autoridades con el fin de mejorar el respeto por el derecho a la informar y ser informado.

Reporteros exige que los delitos de prensa sean urgentemente despenalizados tanto en el código de prensa (artículo 41) como en el Código Penal (artículos 179, 54, 65 y 66), pero sin ningún tipo de incremento en la cuantía de las multas, que debe seguir siendo proporcionadas.

Reporteros sin Fronteras pide la eliminación de las "líneas rojas" impuestas por la ley o por la práctica de la cobertura de temas tales como la monarquía, el Islam y la integridad territorial, así como el fin de la prohibición de publicación por “delito de blasfemia”.