La publicación de esta decisión en el BOE coincide con el anuncio realizado por el presidente valenciano, Alberto Fabra, de suprimir su televisión autonómica (RTVV) al no poder asumir los gastos que supondría readmitir a los trabajadores que fueron despedidos por el ERE, que ha sido anulado por los tribunales.

En lo que se refiere a La Rioja, el BOE hace oficial hoy la “Ley 9/2013, de 21 de octubre, de suspensión de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano”.

La norma aprobada explica que el Parlamento riojano estableció que “la austeridad en la gestión de los dineros públicos, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades, son las razones que hacen que en estos momentos veamos aconsejable suspender la actividad del Defensor del Pueblo Riojano”.

Este texto legal asegura que “en todo caso, el pueblo riojano seguirá contando con la asistencia del Defensor del Pueblo del Estado ante cualquier mala praxis de cualquier Administración que pudiera ir contra sus derechos”.

La ley publicada en el BOE contiene un “artículo único”, referido a la “suspensión de la actividad del Defensor del Pueblo Riojano”. Se añade que las tareas que llevaba a cabo esta institución “serán asumidas por la Mesa del Parlamento de La Rioja, a los efectos de ejecutar todos los actos precisos para lograr la plena efectividad de lo previsto en esta ley”.

Asimismo, se establece que “quedan suprimidos los puestos de trabajo adscritos a la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano”, mientras que el Parlamento autonómico “aprobará las necesarias modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a la estructura orgánica derivada de la presente ley”.