Representantes de AI trasladarán hoy al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en Ginebra (Suiza), que las reformas propuestas al Código Penal español “no cumplen los requisitos establecidos en el derecho internacional respecto a las desapariciones forzadas”.

En esa reunión, miembros de Amnistía Internacional presentarán un informe de 16 páginas, en el que señalan que las autoridades españolas “siguen negándose” a investigar las decenas de miles de homicidios y desapariciones cometidas durante la Guerra Civil española (1933-1936) y la etapa franquista (1936-1975).

Ignacio Jovtis, investigador de AI sobre España, censuró la “inacción” del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este tema y añadió que “la alarmante falta de investigación por parte del Gobierno sobre los crímenes de la era franquista se ve agravada por su falta de protección para que nadie se convierta actualmente en víctima de desaparición”.

Amnistía precisa que las desapariciones forzadas son un delito de derecho internacional y “España tiene el deber de investigar todos los casos de desaparición forzada, independientemente de cuándo se cometieran, y procesar a los responsables”.

NO ES DELITO EN EL CÓDIGO PENAL

En el informe que presentará ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada antes de que éste examine la situación de España, este martes en Ginebra, Amnistía Internacional destaca el hecho de que España no ha ajustado la definición de desaparición forzada al derecho internacional, ya que no constituye un delito específico en el actual Código Penal ni en las reformas propuestas de esta norma.

En este sentido, Amnistía insta las autoridades españolas a que investiguen y enjuicien los delitos de derecho internacional, y brinden toda su ayuda a cualquier solicitud de cooperación que reciban de tribunales extranjeros que decidan investigar estos delitos, así como que tomen las medidas necesarias para garantizar que las desapariciones forzadas se reconocen como delito específico en la legislación española.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada es un órgano compuesto por expertos independientes que examinará por primera vez este mes de noviembre, en su quinto periodo de sesiones, el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte de España.