Una menor morosidad de las Administraciones Públicas “conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de acción y negocio, y facilitar el crecimiento”, explicó el ministro.

Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate de totalidad del proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.

La norma tiene como objetivos erradicar la morosidad de las administraciones, controlar y reducir su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del período medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las Administraciones Públicas.

“No hay peor déficit, no hay peor deuda, que la que no está pagada, la que no está liquidada, aseguró el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.

Montoro se refirió a las tres enmiendas de totalidad al proyecto, y criticó a quienes se oponen al “espíritu” de esta norma, que no es otro que “pagar, pagar en tiempo y en plazo”. Por ello, pidió al PSOE, CiU y ERC que las retiren.

Respecto a la última fase del Plan de Pago a Proveedores, el ministro señaló que ya se han cargado todas las facturas pendientes de las comunidades autónomas y las corporaciones locales hasta el 31 de mayo de este año, y que éstas suman 13.300 millones de euros.

“Las cifras son elevadas pero son asumible”, señaló el responsable de Hacienda, quien agregó que las condiciones financieras de este plan “se van a asemejar mucho” a las del Fondo de Liquidez Autonómico.

El proyecto de Ley que se debate establece que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el período medio de pago no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, fijado en 30 días por la legislación comunitaria.

Con esta norma se obliga a todas las administraciones y organismos dependientes a publicar su período medio de pagos.

Si supera en más de treinta días el plazo máximo de la normativa de morosidad, pondrá en marcha un sistema progresivo de medidas, que podrán llegar a la retención de recursos de la financiación que reciben del Estado.