El estudio es el resultado de una encuesta a conocidos expertos en comunicación que ha coordinado el periodista y profesor universitario Justino Sinova.

En el informe se ha valorado la calidad de la regulación de la libertad de expresión en España y las posibilidades prácticas de su ejercicio en la vida cotidiana, a través de preguntas que abarcan las cuestiones básicas que permiten evaluar la salud legal y de ejercicio (por los ciudadanos, por los profesionales, por la justicia) del derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución.

El test cumple los estándares básicos de investigaciones análogas realizadas por organizaciones internacionales como Freedom House o Reporteros sin Fronteras y es la primera evaluación de esta naturaleza que efectúa una institución española, según los responsables de Funciva.

En una escala de 0 a 10, el estado de salud de la libertad de expresión en España obtiene una puntuación de 7,21.

La nota más alta del test se la lleva el libre acceso y el uso de Internet, incluida la libertad de creación de páginas web, que alcanza un sobresaliente casi absoluto (9,9), pero destaca en el conjunto la valoración que obtiene la regulación constitucional de la libertad de expresión, que se anota un sobresaliente (9,2).

A partir de ahí, todos los demás aspectos del test muestran problemas para la libertad de expresión, muchos de ellos provocados por interferencias de carácter político.

AYUDAS PÚBLICAS

La nota más baja es la referida a las ayudas públicas a los medios (5,3), no tanto por su existencia sino por la opacidad con que son concedidas, especialmente en el ámbito autonómico.

La cuestión de los límites generales a la información y a la expresión de opiniones no preocupa en cuanto a su

regulación legal. Los límites establecidos en las leyes están basados en la protección de los derechos fundamentales

de la persona, pero en la práctica su quebrantamiento encuentra una respuesta generalmente lenta de la

administración de justicia, anomalía que es especialmente nociva en la esfera de la comunicación pública. La muy

positiva calificación del primer aspecto se compensa con la deficiente del segundo y la combinación de ambas

ofrece una media de 7,3 puntos.

Hay límites específicos que se sustentan en razones políticas de oportunidad. El más decisivo es el que impone

a las televisiones –originalmente a las de titularidad pública pero ahora ya también a las privadas– reglas precisas

para el tratamiento de la información en campaña electoral. Como son normas que afectan a una parte de los

medios de comunicación y no a su totalidad, la calificación no desciende hasta el suspenso –que es lo que se

merece tal control político electoral– y se queda en un aprobado bajo (5,6).

CREACIÓN DE MEDIOS

El control político de la comunicación se produce también por otras vías. Todavía permanece la limitación legal

para la creación de medios audiovisuales por ondas al estar supeditada a la concesión administrativa de una licencia,

que en la práctica confiere el poder político de turno en los ámbitos nacional y autonómico y que de esa

forma tiene capacidad para decidir quién puede y quién no comunicar por radio y por televisión. Esta falta de

libertad de creación de empresas en la práctica –que responde a la calificación como servicio público de la radio

y la televisión– contrasta con la completa libertad de creación de medios impresos y, en internet, de medios de

cualquier tipo. De la valoración de ambos aspectos, uno negativo y otro positivo, resulta una puntuación de 5,9.

Todavía se puede encontrar otra forma de interferencia del poder político en el campo de la comunicación. Los

expertos consultados coinciden en afirmar que, por regla general, el poder político respeta la libre actuación de

periodistas y medios, lo que no impide su derecho a criticar y a contradecir sus contenido.

El trabajo de los periodistas se ha visto afectado seriamente por la crisis económica, que ha provocado reducciones

de plantillas cuando no cierres de medios de comunicación. No se puede desconocer que la precariedad en

el empleo es un factor que afecta a la independencia profesional. Junto a la crisis de las empresas periodísticas y

sus consecuencias para el ejercicio profesional, hay que considerar la protección legal regulada al más alto nivel: la

Constitución reconoce la garantía de la cláusula de conciencia y del secreto profesional del periodista. La primera

es objeto de una ley específica; el segundo, sin ley de desarrollo, es admitido generalmente por los tribunales: 7,4.

La protección en la práctica de la propiedad intelectual en internet deja que desear (6,9 de media),

aunque la ley acabó regulando de manera aceptable la lucha contra la piratería. La lentitud de la justicia queda

muy en evidencia en el campo de las nuevas tecnologías, caracterizado por la rapidez en la toma de decisiones

y en la transmisión de mensajes. El cierre con garantía judicial de una página web no puede interpretarse como 17

un atentado a la libertad de comunicación ni menos como una censura cuando pretende la defensa de derechos

fundamentales de la persona y el derecho a la propiedad intelectual. Pero hay un problema en la falta de rapidez

de la respuesta, que entraña el riesgo de que el derecho quede desprotegido.

En resumen, concluye el informe, "queda patente que la regulación legal de la libertad de expresión en España es muy positiva, pero frente a eso se observan deficiencias de funcionamiento que establecen límites prácticos no queridos por la ley y que constriñen el ejercicio del derecho. Al margen de los retrasos observados en el funcionamiento de la justicia, el principal

causante de esos límites alegales o ilegales es el poder político, cuya intervención en el ámbito de la comunicación

es excesiva y, como cabe temer siempre que se extralimita, turbadora".

La solución a los problemas de la libertad de expresión, según el informe, "ha de empezar por una limitación del poder político, que

debe quitar sus manos de los medios de comunicación, especialmente de los medios de titularidad pública pero

también de un sector de los privados. Veremos en próximos ejercicios si el poder se retira y se limita a ejercer

de vigilante de los problemas, no en su causante, facilitando también que los tribunales tercien con eficacia, o sea,

con celeridad, en las irregularidades".