Esta enmienda transaccional, aprobada por 265 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones, es la que negociaron PP, PSOE y UPyD tras debatirse la moción del grupo que lidera Rosa Díez sobre los propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado "derecho a decidir".

Con este texto, el Congreso “proclama que, bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión”.

Asimismo, “afirma que, que ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución Española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles”.

Además, “proclama que en un Estado social y democrático y de Derecho nadie está por encima de la Ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, el ‘derecho a decidir’ sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos”.

Asimismo, reafirma la vigencia de los artículos 1.1. y 1.2 de la Constitución. El primero establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

El segundo artículo establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante del debate parlamentario, Rosa Díez dijo su moción nace después de que los nacionalistas catalanes decidieran en el Parlament “sobre lo que es competencia de todos los españoles”.

El objetivo de la moción de UPyD dejar claro que es en el Parlamento donde reside la soberanía nacional. “Es aquí donde corresponde decidir a todos y entre todos sobre el futuro de nuestro país. Le llaman derecho a decidir lo que es decidir unos pocos por todos”, apuntó.

“Nadie, en nombre de ninguna raza, de ninguna religión, grupo, cultura, o ninguna historia puede parcelar los derechos de nadie por encima del mapa y del territorio”, defendió Rosa Díez, porque, argumentó, “los territorios no tienen derechos”, sino los ciudadanos.

En el turno de defensa de las enmiendas, María Angeles Esteller Ruedas (PP) afirmó que en Cataluña “se está distorsionando el Estado de Derecho para defender la consulta soberanista” y dijo que “la secesión no es un derecho reconocido en la Constitución”.

Ignacio Sánchez Amor (PSOE) dijo que no es bueno defender la Constitución “desde posiciones dogmáticas” y defendió una reforma que reafirme el pacto constituyente de los años 70 y que sea de corte federal.”O se apoya esta propuesta de reforma o no se podrá contar con nuestro apoyo ni ahora ni en el futuro”, aseguró el PSOE, que finalmente, apoyó la transaccional, pese a que no recogía su propuesta de reforma constitucional.

NO ES VERDAD

Llegado el turno de fijación de posición, el diputado de CiU Jordi Janè arremetió contra Díez por haber dicho que el Parlament de Catalunya pretende decidir aspectos que no son de su competencia. “Y eso no es verdad”, aseguró este diputado, quien recordó que lo aprobado por el gobierno autonómico fue instar un urgente diálogo con las instituciones del Estado para sentar las bases legales para una consulta.

“¿Esto no lo puede aprobar el Parlament de Catalunya cuando lo pide el 79,3% de los diputados? A ustedes les asusta la democracia”, concluyó Janè, para quien “democracia es escuchar lo que pide la ciudadanía”.

Por su parte, Joan Josep Nuet, del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, manifestó que su grupo “no comparte que la democracia es una falacia”. “Se empieza afirmando que un derecho democrático es una falacia y se puede acabar cuestionado la propia democracia”, advirti, al tiempo que recordó que el Parlamento hizo una reforma exprés de la Carta Magna “bajo el dictado del FMI” en una decisión en la que hubo “muy poca soberanía española”.

Aitor Esteban (PNV) dijo que el texto presentado por UPyD está “trufado de definiciones manipuladas a su antojo” y planteó “¿por qué no se puede preguntar al pueblo”. “¿ustedes no pretenderán una Constitución trampa, una especie de cárcel de los pueblos? Relajen las tensiones, busquen un futuro dialogado”, sugirió. .

GRUPO MIXTO

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Jon Iñarritu, de Amaiur; Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Jon Iñarritu (Amaiur) señaló que sociedades como la vasca, gallega o la catalana llevan años reclamando el derecho a decidir encontrándose con la oposición de los gobiernos de turno, amparándose en la Constitución. “¿A estas alturas de la película todavía no se han dado cuenta de que su Constitución, su Tribunal Constitucional son parte del problema?”, inquirió. “La libertad y la democracia no se pueden restringir”, apuntó.

Alfred Bosch (ERC) no ayuda usar eufemismos, el derecho a decidir puede llevar a confusión en lugar de ayudar a comprender las cosas. “Nosotros lo usamos como sinónimo de derecho de autodeterminación”, que, añadió, está reconocido en tratados internacionales

Por su parte, Carlos Salvador (UPN) hizo hincapié en la contradicción que supondría formar parte de la Unión Europea habiendo dividido la nación y preguntó que “quién se iba a fiar” de quien en vez de buscar la unión busca la separación.