Los cinco se hicieron una foto juntos para escenificar su rechazo a la norma, que contó con el apoyo de los 12 consejeros de las comunidades del PP, Ceuta y Melilla, y con el respaldo del responsable navarro de UPN.

Según la consejera catalana, Irene Rigau, su Gobierno llevará la nueva norma ante el Constitucional, puesto que señaló “va contra el Estatut y altera el modelo lingüístico de Cataluña”.

Con La Lomce, manifestó, “el catalán no se considera asignatura troncal; pasamos de competencias compartidas a competencias repartidas, y se propone un cambio general del sistema para atender casos particulares que a nuestro juicio no tiene razón de ser”, puesto que el Tribunal Constitucional ha avalado “nuestro sistema de inmersión”, subrayó.

La consejera del País Vasco, Cristina Uriarte, destacó, por su parte, que establecer la proporción de enseñanza de cada lengua corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas, con lo que “más allá” de que el modelo de Euskadi sea conforme a la Lomce, esta supone “una invasión competencial”.

“Ataca nuestro Estatuto y es contraria, además, al espíritu de la Constitución”, prosiguió, con lo que su Gobierno tratará de impedir que se aplique en Euskadi.

Con todo, precisó que esperarán a que la ley se apruebe de forma definitiva y a “tener un texto” para decidir si la recurren ante el Constitucional.

También el consejero andaluz, Luciano Alonso, apuntó que la Lomce atenta contra el Estatuto y contra la Ley de Educación de Andalucía. Indicó que vulnera el acceso a la Educación en igualdad de condiciones, por entender que obliga a concertar colegios que segregan al alumnado por sexos. En su opinión, el ministerio tendría que retirar esta ley “por responsabilidad, ya que en cuanto cambie el Gobierno será derogada, y los alumnos no deberían pasar por ello”.

Alonso declaró su voluntad de dialogar hasta el final, aunque advirtió de que si el proyecto se aprueba tal cual, Andalucía lo llevará al Constitucional. Su homóloga asturiana, Ana González, afirmó que “si el proyecto se convierte en ley, Asturias la recurrirá”, puesto que es su obligación “velar por el bienestar de los alumnos y alumnas del Principado".

La misma idea expresó el consejero de Educación canario, José Miguel Pérez, quien manifestó que harán todo lo posible por “amortiguar los efectos perniciosos” de la Lomce que, a su juicio, presenta “varios aspectos contrarios a la Constitución”.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

En su intervención, Pérez denunció “el desprestigio del sistema público” con el que el PP ”quiere encubrir una reforma profundamente ideológica”, y mostró su preocupación ante “la insuficiente financiación con que cuenta” esta norma.

Rigau recordó en esta línea que “el 95% de la política educativa la asumen las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central solo paga el 5%”.

En su opinión, es “injusto” que “quien solo aporta el 5% quiera obligar a los que sostenemos el 95% restante y que, además, estamos sujetos por las restricciones para contener el déficit a financiar en dos años una ley que el propio ministro ya dijo que sería cara”.