Casquero respondió así a un amplio grupo de sacerdotes y diocesanos guipuzcoanos que ayer suscribieron un manifiesto en contra del nombramiento del actual obispo de Palencia y electo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.

“Las víctimas en este caso no debemos ser políticamente correctas, ya que la Iglesia vasca, en su inmensa mayoría, ha apoyado el independentismo y el terrorismo”, dijo, al tiempo que recordó que los sacerdotes que no lo han hecho así “se han tenido que ir allí”.

El máximo responsable del colectivo de víctimas de acciones terroristas suscribió hoy un convenio de colaboración con la Diputación de Palencia por cuarto año consecutivo, que aporta 18.700 euros para apoyar los gastos generales del colectivo asociativo y los programas de asesoramiento jurídico y psicosocial destinados a sus integrantes.

Según señaló el presidente de la institución provincial, Enrique Martín, la Asociación Víctimas del Terrorismo “realiza una amplia labor reconocida socialmente y merece la sensibilidad de todos los que pueden aportar algo para su sostenimiento”.

En este sentido, añadió que “ojalá no llevara tanto tiempo funcionando”, ya que de no haber sido así significaría que “habría sólo foros democráticos donde no se ejecutaría ningún tipo de violencia”.

Por su parte, Juan Antonio Casquero precisó que “sin ayudas es difícil seguir adelante”, destacando la labor que se viene realizando desde el colectivo que preside “de forma material y moral para poder incorporar a quienes han sufrido el terrorismo y a sus familias en un marco social que repudie este tipo de violencia”.

VARIOS PROGRAMAS

En el convenio se recoge la posibilidad de apoyar el acompañamiento y la orientación en el proceso de recuperación de víctimas del terrorismo; las líneas de atención a la familia para fortalecer y orientar su papel de educador, y el aprendizaje de estrategias activas para afrontar las consecuencias emocionales negativas.

Igualmente, se colabora en la promoción de la capacitación y la inserción laboral partiendo de la competencia profesional de cada víctima; las propuestas de ocio, cultura y tiempo libre para procurar el bienestar físico, psíquico y social de los afectados; y la asesoría jurídica en posibles actuaciones de carácter procesal, fiscal, laboral, administrativo, penal, civil y mercantil.