Los magistrados de la Sala de lo Social del Tsjib, presididos por Francisco J. Wilhemi Lizaur, han tomado esta decisión al concluir que el despido fue improcedente, según se recoge en una sentencia hecha pública hoy.

El yate Fortuna fue un obsequio que un grupo de empresarios de Baleares realizó al Rey para su uso y disfrute. El Monarca renunció a su uso el pasado mes de mayo.

La resolución del Tsjib señala que el 21 de junio de 2011 Patrimonio Nacional suscribió con la Unión Naval Valenciana un contrato de mantenimiento del yate Fortuna, que fue prorrogado el 1 de julio de 2012.

En virtud de la decisión del Rey de renunciar al uso del barco, el 11 de junio de 2013 Patrimonio Nacional remitió a la Unión Naval Valenciana un burofax con el que se daba por finalizado el contrato de mantenimiento del yate. La empresa valenciana comunicó a los diez trabajadores afectados, que formaban la tripulación del barco, la extinción de su relación laboral y realizó un ERE.

CESIÓN DE PATRIMONIO NACIONAL

Los magistrados de la Sala de lo Social del Tsjib consideran que hubo “una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa adjudicataria de la contrata de mantenimiento y conservación del yate Fortuna a favor de la entidad pública Patrimonio Nacional, como titular del centro de trabajo”.

La contratación de los diez trabajadores por parte de la Unión Naval Valenciana “era meramente formal, poniendo a dichos trabajadores, como tripulantes del yate, a disposición de Patrimonio Nacional, quien aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluida la masa salarial”.

Estos son los argumentos que han llevado al tribunal ha declarar que los despidos son nulos y a condenar a la Unión Naval Valenciana y a Patrimonio Nacional a indemnizar a los 10 tripulantes con 1.235.441 euros, una cifra que se corresponde con los salarios que han dejado de percibir.