El Ministerio Público ha hecho esta petición al considerar que el informe emitido hace una semana por los médicos forenses de la Audiencia Nacional es “impreciso e insuficiente” y no aporta “datos objetivos”.

El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, destaca en el escrito presentado hoy ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que Uribetxeberria Bolinaga “ha superado, y sigue superando a día de hoy, cualquier expectativa de vida calculada en los sucesivos informes médicos” lo que a su entender es “claramente indicativo de que los presupuestos médico-clínicos que se usaron para acodar la libertad condicional (el 30 de agosto de 2012) no eran lo suficientemente precisos”.

El representante del Ministerio Público destaca que al etarra “nunca se le ha administrado un tratamiento médico paliativo, específico para los enfermos que se encuentran en fase terminal”.

CRÍTICAS A LOS FORENSES

El fiscal Rubira no entiende como ninguno de los informes médicos emitidos hasta la fecha señalan que Uribetxeberria Bolinaga “se encuentra en situación de peligro para su vida”. Critica en este sentido a los médicos forenses de la Audiencia Nacional por no haber cumplido “con exactitud la decisión judicial” y no haber “llevado a cabo un examen, reconocimiento o exploración del penado”. El informe, en cambio, si describe “los efectos secundarios del tratamiento que le está siendo administrado, que no tienen ninguna incidencia para la determinación del pronóstico vital del enfermo y no los síntomas objetivos de la propia enfermedad”.

Estos son los argumentos que llevan al representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a pedir al juez Castro una ampliación del informe médico forense para que se señale “la dimensión y evolución de las metástasis”.

RIESGO “PATENTE”

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el 12 de septiembre de 2012 ratificar la puesta en libertad de Uribetxeberria Bolinaga al concluir que existe “un peligro patente” para su vida. Los magistrados, presididos por Fernando Grande-Marlaska, entendieron que, para acceder a la libertad condicional, la legislación no exige un arrepentimiento del preso si no únicamente que exista un “riesgo patente” para su vida.

Para su puesta en libertad, el juez Castro estableció una serie de condiciones para Bolinaga, entre las que destacan que el etarra tiene prohibido acercarse al domicilio o al lugar de trabajo de las víctimas de sus delitos, entre los que se encuentra José Antonio Ortega Lara, y que tampoco puede "participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia".

El etarra está condenado por el secuestro de Ortega Lara y por el asesinato de tres guardias civiles.