Fuentes parlamentarias explicaron a Servimedia que esta idea, surgida del PNV, es una de las novedades aparecidas en las conversaciones entre los grupos para modelar la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado.

El próximo miércoles, los grupos discutirán, entre otros, este tema a puerta cerrada en la ponencia sobre la citada norma, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, donde se revisarán las enmiendas parciales de los grupos tratando de explorar acuerdos y transacciones.

Esta conferencia sectorial reuniría periódicamente al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación con los presidentes autonómicos, para que éstos comuniquen al primero sus inquietudes, preocupaciones e intereses en dicho ámbito.

No obstante, en el PP se observan ciertas reticencias de Cataluña y el País Vasco ante un concilio autonómico que podría diluir sus reivindicaciones de una diferenciación mayor al "café para todos" que para los nacionalistas suponen este tipo de órganos.

Pese a esta divergencia de base, fuentes de diversos grupos constataron que el clima en estas conversaciones es de colaboración, al menos entre los más numerosos, lo que les permite aventurar que la ley recabará en su trámite parlamentario un consenso mayor del que se vislumbró en el debate de totalidad el pasado día 15.

EL PP, RECEPTIVO

Desde el PP aseguraron que no habría problema en aceptar que se acentúe el capítulo de cooperación, como reclamaron el Grupo Socialista y el de La Izquierda Plural.

Tampoco lo habría en que la comunicación de los viajes que hagan al exterior las comunidades autónomas sea obligatoria sólo para los altos cargos, y no para directores generales que tengan que trasladarse de urgencia para arreglar un flanco de un acuerdo entre instituciones, algo por lo que protestaron los grupos nacionalistas.

En general, la participación de las comunidades autónomas en la política exterior, para subrayar el espíritu de coordinación y no de subordinación que quiere imprimir el Ministerio a la ley, es uno de los temas en los que parece que podría avanzar el consenso entre los grupos, puesto que el PP parece dispuesto a respaldar con su mayoría absoluta las enmiendas al respecto.

El PSOE ha centrado algunas de las suyas en el aspecto de la colaboración con las comunidades autónomas y la participación de éstas en el Consejo de Política Exterior. El Grupo Popular es receptivo a hacerla más directa, y otro tanto en la elaboración de la Estrategia de Política Exterior, para que las comunidades den su impronta a la misma.

Los capítulos de recomendaciones de Exteriores a las comunidades en sus viajes y la exhortación a éstas de que informen de los mismos y de la apertura de oficinas en otros países suscitaron la mayoría de las polémicas incluso antes de la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros.

De hecho, uno de los objetivos confesos del ministro José Manuel García-Margallo con esta ley es evitar que la duplicidad de sujetos que realizan acción exterior, entre ellas las comunidades autónomas, perjudiquen o contradigan la política exterior, competencia exclusiva del Estado. Y, simétricamente, la mayor parte de las objeciones que se han levantado contra la ley atacan su supuesto afán recentralizador.