El CGAE explicó, a través de un comunicado, que hacía esta petición después de que “recientemente se ha conocido que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) lleva a cabo programas de vigilancia que ponen en serio peligro la confidencialidad de las comunicaciones, no solo de los ciudadanos de ese país, sino de todos los ciudadanos del mundo”.

Los abogados se referían así a la información publicada este martes por el diario “El País”, según la cual los servicios de inteligencia españoles tienen la “fundada sospecha” de que la NSA) estadounidense ha rastreado millones de conversaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos con origen o destino en España, igual que en Francia o Alemania.

En este sentido, el CGAE afirmó que “los informes sobre violaciones del derecho a la privacidad, llevadas a cabo por Gobiernos occidentales, entre ellos algunos de los Estados miembros de la UE, revelan que las comunicaciones protegidas por el secreto profesional de los abogados también se han visto afectadas”.

LEY DEL DEFENSA

Por ello, la Abogacía Española denuncia “la posible vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y demás tratados internacionales y exige que las actividades de los gobiernos estén siempre sometidas a la ley, a la vez que pide que se adopten las medidas precisas para evitar estas actuaciones y sus perniciosos efectos”.

Asimismo, los letrados aseguraron que “en numerosas ocasiones” han denunciado “las vulneraciones del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente por ser un instrumento ilegal de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles”.

En este sentido, el CGAE señaló que “ha pedido reiteradamente la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que evite para siempre estos problemas”. Al mismo tiempo, los abogados explicaron que se han sumado a la iniciativa del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), que representa a la profesión en toda Europa, que ha urgido a las instituciones europeas a proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente usando todos los medios a su alcance.