Con los votos a favor de 25 diputados, en contra de 174 y las abstenciones de 116, la Cámara Baja desechó las cinco enmiendas de UPyD, La Izquierda Plural, Amaiur, BNG y ERC, estas tres últimas formaciones integradas en el Grupo Mixto, para devolver el proyecto de ley al Gobierno.

En su defensa de la norma, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, destacó que con la aprobación de la Ley de Cajas el Gobierno ha cumplido con todos los “compromisos relevantes” a los que se comprometió en el memorando firmado con la UE para recibir la línea de ayuda a la banca.

El ministro valoró también que supone la culminación de la reforma financiera, “una de las reformas claves de este Gobierno para la recuperación económica”.

A este respecto, afirmó que gracias a esta reforma financiera, iniciada poco después del inicio de la actual legislatura, “las instituciones y mercados vuelven a confiar en España, como un país sólido y comprometido con la estabilidad económica”.

“Estamos en una situación muy distinta a la encontrada cuando llegamos al Gobierno, prosiguió el titular de economía, quien recordó que la ayuda europea estaba condicionada a al reforzamiento de las exigencias de gobierno corporativo a las cajas de ahorro.

Además, señaló que esta normativa, que arranca ahora su tramitación parlamentaria, permitirá “no volver a comprometer la estabilidad de todo el sistema financiero”.

Según explicó De Guindos, la ley supone “una triple limitación a la actividad de las cajas: material, territorial y de volumen”.

En lo material, limita la actuación de estas entidades financieras a clientes minoristas y pymes y no les permite llevar a cabo actividades complejas.

Dentro de lo territorial, les exige actuar dentro del ámbito de una comunidad autónoma, sobrepasándola en un máximo de 10 provincias limítrofes.

En cuanto al tamaño, no les permite tener un volumen superior a 10.000 millones de euros ni una cuota de depósitos superior al 35% en su autonomía de referencia.

FONDO DE RESERVA

Por otro lado, el Gobierno exigirá un plan de diversificación de inversiones y la dotación de un fondo de reserva a las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 50 % en una entidad de crédito.

El objetivo del fondo de reserva es hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.