De la Serna hizo estas manifestaciones en la Cámara Baja donde se reunió, junto a una treintena de alcaldes del PP, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el portagoz popular, Alfonso Alonso y el vicesecretario del PP Javier Arenas.

La delegación municipal salió de la reunión convencida de las bondades de la reforma local del Gobierno. Si bien en “borradores anteriores” podía haber indicios que “permitian hablar de vulneración de autonomía local o pérdida de competencias, ahora no hay nada en la ley que nos pueda, ni siquiera de lejos, hacer ver que puede haber un proceso de privatización de los servicios públicos”.

Esta es la principal crítica vertida por los alcaldes socialistas que ven en esta reforma un peligro cierto de privatización de servicios y pérdida de los mismos si las comunidades autónomas decicen no asumislos.

De la Serna recordó que “todas las entidades locales tienen servicios públicos privatizados. Los alcaldes socialistas tienen en sus ciudades muchísimos servicios públicos privatizados”, pero “no hay nada en esta ley que diga que se modifica el sistema de gestión de los sercicios públicos y no veo en qué artículo se puede sacar esa conclusión”.

Los ediles del PP consideran que tampoco están en peligro la prestación de los servicios de urgencia “porque las competencias en servicios sociales de primera atención sigue residiendo en los municipios”.

El presidente de la FEMP recordó que las entidades locales cumplen con los límites de déficit y, de hecho, tienen un superavit del 0,22% del PIB, con cerca de 6.700 entidades con cuentas saneadas.

Su reclamación se centra en resolver el problema de las competencias impropias, que consideran correctamente abordado en la reforma, y la financiación de las entidades locales, que Montoro se ha comprometido a abordar el año próximo junto con la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

En materia competencial, la reforma establece que cualquier servicio que un ayuntamiento preste por encomienda tendrá que tener el 100% de la financiación, una estabilidad temporal de cinco años y la garantía de que el Estado velará por que “se nos pague lo que hacemos, de modo que podrá detraer de la participacion en los ingresos de las comunidades autonomas la cantidad correspondiente”.

En consecuencia , los ediles populares se muestra satisfechos por la desaparición del proyecto de medidas que vulneraban la autonomía local, establecían un coste estándar de los servicios, contremplaba la fusión de pequeños ayuntamientos y la detracción de compertencias.

No obstante, De la Serna aseguró que la FEMP seguirá trabajando para lograr la introducción en el texto de la ley de aspectos menores como el uso de nuevas tecnologías, la clarificación de competencias en educacion, la insititucionalización de la Federación local, el establecimiento de planes de saneamiento para ayuntamientos con desequilibrios financieros o la limitación de decisiones de los interventores para que no tengan que ver con criterios de oportunidad política.