Esta reforma penal modifica la regulación actual de las medidas de seguridad que se aplican a quienes han cometido un delito pero no son responsables penalmente al no ser imputables, entre los que se pueden encontrar personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, entre otras.

Hasta ahora, estas medidas de seguridad, cuando eran privativas de libertad, no podían tener más duración de la que correspondería al delito cometido si la persona inimputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable.

Sin embargo, según explica el Cermi en una nota, el cambio normativo que pretende introducir el Gobierno elimina ese límite temporal máximo, introduciendo una “enorme” inseguridad e incertidumbre que perjudica a la persona con discapacidad, “que podría sufrir una privación de libertad superior a la que correspondería a quien sí ha cometido un delito y es responsable penalmente del mismo”.

PELIGROSIDAD SOCIAL

Además, otro elemento “enormemente” preocupante de esta reforma para el Cermi es la invocación de la peligrosidad social, “elemento jurídico indeterminado, propio de regímenes autoritarios, que presume que determinadas personas o grupos sociales son potencialmente peligrosos para la convivencia”.

Para el Cermi, la asociación de esta noción a personas con personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual “supone un gravísimo ataque a su imagen personal y social, vinculándolas en el imaginario colectivo con la delincuencia y la lesión de bienes sociales, perpetuando el estigma que padecen”.

El Cermi se ha opuesto firmemente a lo largo de la tramitación de esta reforma penal a estas pretensiones del Gobierno, pero asegura que no ha obtenido eco por parte del Ejecutivo, por lo que reclama al Parlamento que frustre este intento, “que sería letal para los derechos de las personas con discapacidad y para los progresos obtenidos en términos de inclusión social y respeto a la diversidad en las últimas décadas”.

“La nueva regulación de las medidas de seguridad discrimina a determinadas personas con discapacidad, perpetuando el estigma y asociándolas a peligrosidad y delincuencia”, manifiesta el Cermi.