El 16 de diciembre de 2003, la Comisión Europea consideró que EDF se había beneficiado de ventajas fiscales por valor de 888,89 millones de euros. Para el Ejecutivo comunitario, esta ayuda con la que se reforzó la posición de EDF frente a sus competidores, es incompatible con el mercado común.

Por lo tanto, cifró en 1.217 millones de euros la cantidad que la eléctrica tendría que restituir. EDF reembolsó al Estado francés este dinero pero, el 27 de abril de 2004, presentó un reurso de anulación ante el Tribunal de Luxemburgo.

Con el apoyo del Gobierno galo (accionista único el grupo energético), EDF defendió en este recurso que se había comportado como un inversor privado en una economía de mercado.

Según Luxemburgo, el hecho de que el Estado haya accedido a recursos financieros que emanan del ejercicio del poder público no permite justificar por sí solo que las "artimañas" del Estado francés hayan sido "desproporcionadas".

El Tribunal concluye que Bruselas ha cometido un error de Derecho y ha violado las reglas relativas a las ayudas de Estado y, por lo tanto, anula la decisión de la Comisión.