El Consejo, en el que estarán representados los municipios y el Gobierno autonómico, nace también como contrapunto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que, en opinión del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, presenta actualmente un estado “catatónico” que le invalida como respuesta a la reforma local.

Valderas aclaró en rueda de prensa que el Consejo “no sustituye” a la FAMP, ya que su principal objetivo es “buscar el consenso ante elementos presupuestarios, leyes o planes que tengan incidencia en los municipios”. La federación, subrayó, “es insustituible, a pesar de la actual situación de parálisis porque está secuestrada” por parte de su presidenta, la alcaldesa de Marbella, por el PP, Ángeles Muñoz.

La Junta andaluza reiteró su oposición al proyecto de Cristóbal Montoro, que de no cambiar durante su tramitación en las Cortes, podría enfrentarse a un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La idea es que el Consejo Andaluz de Concertación Local se reúna al menos cada tres meses. También se sabe que sus miembros no percibirán remuneración alguna, puesto que como consejeros del gobierno y alcaldes ya perciben retribución.