De esta forma, aseguró la asociación, la operatividad de la red de centros públicos, compuesta por 40 centros sociosanitarios, "podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros". Y es que, indicó la asociación valenciana, estas empresas no se han incluido en el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno Valenciano.

Para la entidad, "lo más grave es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno valenciano puede afectar al funcionamiento de estos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales".

Sostiene, de no afrontar el Gobierno valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, "situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos".

La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago supone condenar a más de 2.600 dependientes y a cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante Castellón y Valencia, asegura Avrep.

Por todo esto, la entidad reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizándoles el derecho adquirido por ley.