Así consta en el documento de medidas sobre economía y empleo que se debatió este lunes en la IV Conferencia de Presidentes, celebrada en el Senado, pero que no salió aprobada por falta de apoyos, ya que únicamente recibió el respaldo de diez de los dirigentes autonómicos cuando eran necesarios doce para convertirse en una recomendación al Gobierno.

El texto, que en la posterior rueda de prensa José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a cumplir, afirma que la futura reforma laboral tendrá "como objetivo prioritario la creación de empleo y en especial el fomento de la contratación indefinida".

Además, establece la "introducción de las reformas legales que sean necesarias para eliminar la dualidad del mercado de trabajo". Entre las medidas laborales, se incluirán varias para "el fomento del uso de la reducción de jornada, la revisión de la política de bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora general de la intermediación laboral, la reducción de la dualidad y la tasa de la temporalidad y medidas efectivas para recucir el desempleo juvenil y la brecha salarial entre mujeres y hombres".

También incluirá una propuesta sobre el sistema de pensiones y la Seguridad Social para "asegurar su sostenibilidad y su suficiencia en un marco de largo plazo marcado por la evolución" de la demografía española.

La propuesta de Zapatero compromete a las comunidades autónomas a "estimular la participación de las empresas en la planificación y la impartición de las enseñanzas del sistema de formación profesional".

Asimismo, incluye la constitución de un grupo de trabajo que "en el plazo máximo de tres meses" proponga medidas concretas para la certificación y el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos por la experiencia profesional, avanzar en la conectividad de los sistemas públicos de empleo y favorecer la coordinación de las administraciones públicas.

Para conseguir todo esto, el Gobierno propondrá a los agentes sociales dentro de la actual negociación abierta con sindicatos y empresarios un paquete de iniciativas que favorezcan "una mayor y mejor utilización de los contratos formativos por las empresas y por los trabajadores, incluida la mejora de su protección de Seguridad Social".

RECORTE EN EL GASTO PÚBLICO

El documento asumido por el presidente del Gobierno incluye un apartado específico sobre la estabilidad de las finanzas públicas en el que se asegura que el actual incremento del gasto responde a una "situación económica excepcional" y pide reconducir la deuda y el déficit a "niveles sostenibles".

En este sentido, insta al Ejecutivo y las comunidades a "reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas de forma que en 2013 se sitúe en el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)" y a mantener la deuda "por debajo del promedio de los países de la eurozona".

Apuesta por aplicar una política de contención de los gastos de personal mediante una oferta pública de empleo "selectiva y de la austeridad en el incremento de la masa salarial", sin descartar "los ajustes sectoriales que resulten necesarios".

El Gobierno aboga por la creación de un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que elabore propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las comunidades y de otro equipo destinado a vigilar la reducción del déficit de las administraciones.

Otro punto importante de la declaración es el compromiso de todas las administraciones para "reducir los plazos para el pago de sus operaciones comerciales y la consecuente morosidad", con un informe trimestral sobre el cumplimiento de este punto.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La propuesta incluye también un apartado específico para impulsar la política industrial mediante la reducción de las cargas, la mejora de la formación, el diseño, la innovación industrial, la apertura de nuevos mercados y la mejora de la sotenibilidad ambiental.

El Ejecutivo quiere realizar una labor importante en sectores tradicionales y emergentes, como la automoción, la biotecnología, las técnicas sanitarias, las tecnologías de la información, las energías renovables y el mercado aeroespacial.

Con este fin, el Gobierno se compromete a crear "en el plazo máximo de un mes" una Comisión de Política Industrial con participación de las comunidades y los interlocutores sociales para definir la estrategia industrial de España para el periodo 2010-2020.