Así consta en el documento sobre economía y empleo que Rodríguez Zapatero aseguró que asume en su totalidad, incluidas las aportaciones añadidas a sugerencia del PP, y a pesar de que los ocho presidentes autonómicos de ese partido se abstuvieron en la votación y el documento no obtuvo el respaldo necesario para convertirse en acuerdo ni en recomendación.

El apartado dedicado al "Impulso a la competitividad" insta también al Gobierno a adoptar, en el marco del esfuerzo de modernización iniciado con la transposición de la directiva de servicios y continuado por el Gobierno en el anteproyecto de ley y la estrategia para la economía sostenible, las necesarias reformas estructurales que permitan avanzar en la liberalización de los sectores económicos básicos, como el energético, las telecomunicaciones o el transporte.

Propone también diseñar una política energética a medio y largo plazo coherente y sostenible, que garantice el suministro en términos de calidad, cantidad y precio, en el marco de los esfuerzos por alcanzar un pacto por la energía en el ámbito estatal.

También optimizar los recursos presupuestarios destinados a I+D+I, y a la internacionalización de las empresas, en la búsqueda de mejores niveles de competitividad.

Asimismo, propone diseñar un sistema educativo competitivo y eficaz que dote a la economía nacional de recursos humanos más productivos, en el marco de los esfuerzos por alcanzar un pacto por la educación en el ámbito estatal.

Finalmente, el texto insta al Ejecutivo a reformar los organismos reguladores, estableciendo medidas eficaces que garanticen la independencia de sus decisiones, de acuerdo con las normas previstas en el anteproyecto de ley de economía sostenible.