Así lo explicó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que analizó un informe sobre el plan de lucha contra el fraude.

Las acciones de verificación y control en el cumplimiento de la normativa han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en prestaciones, señaló Sáenz de Santamaría, quien explicó que se han realizado comprobaciones que han afectado a 520.572 de “perceptores indebidos” de prestaciones por desempleo.