Según informó la Policía, se ha detenido a 34 personas que cobraban hasta 15.000 euros por facilitar a extranjeros documentos falsos con los que poder solicitar el permiso de residencia en España. Los clientes eran captados, principalmente, en locutorios.

Para poder justificar un domicilio en la solicitud, la trama ofrecía dinero a otros extranjeros con residencia legal en España a cambio de empadronamientos fraudulentos en sus inmuebles.

De las 34 detenciones, 23 se han llevado a cabos en Manresa, siete en Palma de Mallorca, tres en Barcelona y una en Molina de Segura (Murcia). También se han identificado a otras 13 personas implicadas en la trama, pendientes de detención por los mismos hechos.

CLIENTES EN LOCUTORIOS

La investigación se inició a principios del presente año, al detectarse a diversos individuos que ofrecían documentos a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular a cambio de una cantidad económica. Los integrantes de la trama captaban a los potenciales interesados en las inmediaciones de lugares habituales de encuentro, principalmente locutorios, así como a ciudadanos extranjeros con residencia legal que aceptaran empadronamientos fraudulentos a cambio de una remuneración económica.

El procedimiento habitual de la trama destapada en Manresa consistía en el concierto entre una ciudadana española y un varón extracomunitario, principalmente de origen indio o pakistaní, por lo cual la primera recibía unos 2.000 euros.

Una vez establecido el acuerdo, inscribían una ficticia unión de hecho en el registro municipal existente a tal efecto, lo cual permitía al ciudadano extranjero solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea. En la mayoría de casos, los detenidos acreditaban documentación falsificada que les proporcionaba la trama ahora desarticulada a cambio de cantidades que podían alcanzar los 15.000 euros.

Para dar credibilidad a la solicitud, los responsables contactaban con otros extranjeros en situación regular para que accedieran a empadronar fraudulentamente a los peticionarios en sus domicilios, motivo por el cual percibían unos 400 euros como compensación.